Tiempo Argentino
27 de mayo de 2011
Por N.O.E.
Además del ex presidente están acusados Alberto Flamarique, Fernando de Santibañes, Mario Pontaquarto y varios ex legisladores. La causa lleva diez años, cuatro más que la pena máxima de prisión por “cohecho activo”.
El Tribunal Oral Federal Nº 3 iniciará el 22 de noviembre próximo el juicio oral y público contra el ex presidente Fernando de la Rúa; su ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique; el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes; el “arrepentido” Mario Pontaquarto y un grupo de ex senadores, por los presuntos sobornos pagados durante el gobierno de la Alianza para aprobar una ley de Reforma Laboral reclamada por el FMI para mantener abierto el flujo de créditos que permitían mantener la ficción del uno a uno.
Paradójicamente, una causa que lleva más de una década de tramitación celebrará un juicio en el que las penas máximas no superarán los seis años de cárcel. Esa es la condena prevista para el delito de “cohecho activo”. Existe una remota posibilidad de que la figura se agrave a “peculado”, que tiene una pena mayor, pero fuentes judiciales consultadas por Tiempo Argentino consideraron que ello “no es probable”.
La acusación es gravísima. “Fernando de la Rúa, como Presidente de la Nación, tomó parte, en calidad de coautor –junto con el Secretario de Inteligencia del Estado, Fernando De Santibañes, su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, el Presidente Provisional del Senado, José Genoud y el secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, en una maniobra compleja que culminó con el pago de $ 4.300.000 en calidad de dádiva a por lo menos cinco senadores nacionales representativos del bloque del Partido Justicialista: José Alasino (presidente de ese bloque), Remo Constanzo (vicepresidente), Máximo Tell (presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social), Emilio Cantarero y Ricardo Alberto Branda (titular de la Secretaría General de la bancada), con el fin de que votaran favorablemente el Proyecto de Ley de ‘reforma laboral’ elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional y que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados –por medio del cual se proponía la reforma de la ley de contrato de trabajo y las leyes de Convenciones Colectivas de Trabajo– quienes receptaron esa suma de dinero el 26 de abril de 2000 en el domicilio particular de Cantarero, casi en forma inmediata a la finalización de la sesión en que cumplieron su cometido al votar en favor de aquella propuesta –junto con la bancada correspondiente, a la cual habían impuesto la disciplina de bloque.”
En el banquillo de los acusados estarán también Tell, Alasino, Constanzo y Branda. Otros dos procesados no irán a juicio: Genoud, quien se suicidó el 26 de setiembre de 2008, y Cantarero, afectado por un problema de salud que le impide afrontar un juicio.
El tribunal que llevará a cabo el juicio es el mismo que declaró la nulidad de la investigación del ex juez Juan José Galeano en el atentado contra la AMIA. “No les tiembla el pulso”, lo definieron ante la consulta de este diario integrantes del fuero federal y del Consejo de la Magistratura. Gerardo Larrambebere, Miguel Guillermo Pons y Guillermo Gordo trabajarán todo el verano, ya que el juicio que comenzará en noviembre tiene una duración prevista de entre cinco y seis meses, y no puede detenerse por más de diez días.
Más de 300 testigos están convocados para declarar. Dos de ellos son esperados especialmente: uno, el ex presidente Carlos “Chacho” Álvarez, quien renunció a su cargo cuando las versiones sobre los pagos ilegales arreciaban en el mundillo político. El otro es el hombre que contó por primera vez cómo Flamarique le había anunciado que solucionaría la falta de los votos necesarios en la Cámara Alta para aprobar la ley “con la Banelco”: el secretario general de la CGT Hugo Moyano. También hay expectativas centradas en el relato que aportará el ex senador Antonio Cafiero.
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