Tiempo Argentino
23 de mayo de 2011
Por Walter Goobar
Se trata de un menor que no es hijo de desaparecidos pero cuya historia vincula a ese país y a la entidad católica con la apropiación de niños durante la dictadura. Piden que Hillary Clinton remita información y brinde testimonio.
La adopción ilegal durante la dictadura de un menor que no es hijo de desaparecidos, y que en la actualidad vive en los Estados Unidos, pone al descubierto una compleja trama de complicidades en torno al Plan Sistemático de apropiación de menores que –en este caso– tuvo como protagonistas a un Agregado Militar de la Embajada de los EE UU en Buenos Aires, y a la Iglesia católica a través del Movimiento Familiar Cristiano, una entidad que participó en la entrega de unos 20 menores nacidos en cautiverio en Campo de Mayo.
En febrero de este año, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien tiene a su cargo la causa en la que se investiga la desaparición y supresión de identidad de menores durante la dictadura militar, recibió un testimonio tan inesperado como sobrecogedor: la periodista alemana Gabriela Weber, querellante en esa causa, había conseguido reconstruir la historia de la apropiación del menor Juan Pablo Abregú. No se trataba de un hijo de desaparecidos, sino del vástago de Carmen Rosa Abregú, una humilde mujer tucumana, que fue adoptado de manera irregular por un agregado militar estadounidense a través del Movimiento Familiar Cristiano, una entidad que contaba entre sus miembros más destacados a Jorge Rafael Videla y que intervino en la apropiación de una veintena de hijos de desaparecidos nacidos en Campo de Mayo.
Carmen Rosa Abregú dio luz a un bebé en septiembre de 1980 en Tafí del Valle, provincia de Tucumán. El niño recibió el nombre de Juan Pablo. La madre era una persona muy humilde, no tenía una pareja fija y trabajaba como empleada doméstica, por lo que no estaba en condiciones de mantener a su hijo. Por intermediación de un policía que vivía en el barrio Ciudadela de San Miguel de Tucumán, decidió entregar al menor a los pocos días de su nacimiento.
Allí entró en escena el Movimiento Familiar Cristiano, una entidad que entregó de manera irregular a varios hijos de desaparecidos a ciudadanos extranjeros que ocupaban cargos gerenciales en empresas multinacionales, muchos de los cuales posteriormente se llevaron a esos chicos del país.
Del total de 500 niños que –según Abuelas de Plaza de Mayo–fueron apropiados durante la dictadura, faltan todavía 400, y es probable que muchos de los que restan ser encontrados hayan sido dados en adopción a extranjeros que luego retornaron a sus países de origen (ver recuadro).
Aunque la madre de Juan Pablo era analfabeta, le hicieron firmar un contrato por la entrega del niño que está fechado el 22 de septiembre de 1980 en Tucumán, y que fue rubricado por el escribano Héctor Colombres. El acta ante escribano no fue hecha correctamente porque la madre biológica no sabía lo que estaba firmando, y los padres adoptivos –la pareja de apellido Des Reis Brusher– no estaban presentes, como figura en el convenio. Los adoptantes eran los ciudadanos norteamericanos Richard William Des Reis, que se desempeñaba como agregado militar en la Embajada de los EE UU, y su esposa, Deloris Brusher. Habían llegado a la Argentina dos años antes, en 1978, y ninguno tenía residencia permanente en el país, lo cual era una condición para adoptar legalmente ya en aquella época, para impedir el tráfico internacional de menores.
Con 39 años, el teniente coronel Des Reis era un veterano de la Guerra de Vietnam que, según consta en la ficha de adopción del Movimiento Familiar Cristiano, se desempeñaba como “agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos” desde dos años antes de la adopción. Su esposa era ama de casa y la pareja vivía en Acasusso. En el espacio destinado a rellenar la categoría “Menor deseado/Edad”, se inscribieron las siglas “R.N.”, que significan recién nacido. (ver facsímil)
Si se tiene en cuenta que la represión ilegal de la dictadura militar argentina fue apoyada y avalada por el gobierno de los EE UU y por su representación diplomática en Buenos Aires, no se puede descartar que Richard W. Des Reis –como agregado militar– haya ocupado una posición clave en la coordinación de la represión.
A pesar de que Juan Pablo no era hijo de desaparecidos, su caso encierra el mismo patrón de irregularidades que el de los niños que fueron víctimas del Plan Sistemático de robo de menores.
Es evidente que el de Juan Pablo no fue un caso único. El MFC tenía muchísima llegada a la Secretaría de Minoridad y Familia, y funcionaba como una especie de agencia de adopción para familias civiles y militares. En teoría, a las madres biológicas, fueran de “familia bien” o chicas pobres, se les hacía una ficha. Pero hay fichas en las que las madres no figuran, y niños que aparecen de la nada.
Está probado que la Iglesia católica fue testigo y en ocasiones actuó como cómplice de la dictadura, aportando justificación ideológica, información y hasta personal propio: capellanes militares que asistían a las torturas de los prisioneros. Pero el papel jugado por el MFC revela hasta qué punto la institución había colaborado con el robo de bebés.
El Movimiento Familiar Cristiano facilitaba los trámites para los padres candidatos, y a través de un convenio con la Secretaría del Menor entregaba en adopción a los bebés, nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo, sin investigar el paradero de las familias. Este “blanqueo” de los secuestros de niños ocurrió decenas de veces, con el MFC actuando como agencia y mediador.
Durante un allanamiento de las oficinas del MFC que fue ordenado hace un par de años por el Juzgado Federal Nº 3 de Jorge Ballesteros, las enviadas del juzgado encontraron decenas de fichas de chicos que eran inscriptos con un nombre inventado en los hospitales, y que luego resultaban ser de una persona distinta. El primer caso que reveló todo este entramado, que permitía “el blanqueo” de bebés nacidos en cautiverio, se confirmó en 2007, cuando las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación de Belén Altamirano Taranto, nacida en los primeros días de agosto de 1977 en la maternidad clandestina de Campo de Mayo.
Las crecientes sospechas sobre la relación del MFC, una entidad acreditada ante el Episcopado, con la apropiación de los hijos de
desaparecidos perpetrada durante la última dictadura militar, comenzó tras la restitución de la hija nacida en cautiverio de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, adoptada a través del MFC.
El caso de la hermana de Verónica Castelli –quien la encontró buscando a las familias de sus compañeros de Hijos y Abuelas– surge a partir de la identificación de otra hija de desaparecidos: Belén Altamirano Taranto, nacida en agosto de 1977 durante el cautiverio de su madre.
La aparición de una veintena de partidas de nacimiento de dudosa legitimidad en el hospital de Campo de Mayo fue la punta de partida de esa investigación que, además de conducir a Videla, ahora –en el caso de Juan Pablo Abregú–, involucra a la Embajada de los EE UU en Buenos Aires.
En aquellos años ‘la ya fallecida directora del MFC, Delfina Linck recibía a los adoptantes y a los adoptados, y era ella quien escribía y firmaba las fichas con los datos de ingresos de los bebés y los de la familia que los llevaría para su casa. Fue precisamente la señora Link quien llenó la solicitud de adopción del agregado militar estadounidense y la que presumiblemente entregó a Juan Pablo al matrimonio de extranjeros.
“Si bien las adopciones y apropiaciones se hicieron mediante distintas formas y circunstancias, es necesario dar a conocer la historia del MFC para que los jóvenes, e incluso también los adoptantes, se presenten para saber si esos chicos son o no son hijos de desaparecidos”, sostuvo la directora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, Claudia Carlotto. En febrero pasado, la periodista Gabriela Weber localizó en Tucumán a Cármen Abregú, la madre biológica del niño que el MFC entregó al Agregado Militar estadounidense. La mujer reconoció su firma en el convenio, pero la periodista sospecha que la mujer no sabía leer y que no entendió lo que había firmado. “Me confirmó que cuando firmó estaba presente el policía de Salta, pero que no se encontraba en ese lugar la familia a la que le fue entregado el niño en guarda. Desde ese momento, nunca supo más nada de su hijo, pero comenzó a llorar cuando escuchó que probablemente este viviría en el exterior•, escribe Weber en su presentación Judicial.
En el escrito, la periodista pide al juzgado que libre un oficio a la Embajada de los EE UU para que remita toda la documentación elaborada por el agregado militar Richard Des Reis, que se remitió a los EE UU durante su estadía en Argentina. También le pide a De Giorgi que solicite a través de exhorto diplomático “la declaración testimonial de la secretaria de Estado, Hilary Clinton sobre la política de su país respecto a adopciones en países con gobiernos dictatoriales ya que como es público y notorio los EE UU, conocían que durante 1976-1983 en nuestro país se violaban los derechos humanos y que las instituciones públicas estaban subordinadas a los dictadores y represores”.
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