miércoles, 18 de mayo de 2011

Dictamen favorable al Estado en Papel Prensa

Tiempo Argentino
18 de mayo de 2011

La fiscal general Alejandra Gils Carbó dictaminó en favor del Estado en el conflicto abierto por la expulsión de los directores designados por el Poder Ejecutivo en Papel Prensa. El dictamen, firmado el 10 de mayo pero difundido recién ayer, contiene una fuerte crítica a la Sala C de la Cámara Comercial, que ahora deberá definir el asunto. Por este mismo caso, el juez Eduardo Malde había resuelto horas atrás que los funcionarios Beatriz Paglieri, Eduardo Gallo y Pablo Cerioli retornen a la empresa.
Gils Carbó, en un escrito de 45 páginas que reveló el sitio web Mercado y Transparencia, le dio la razón a la Comisión Nacional de Valores y, por ende, se inclinó por acceder a la suspensión cautelar solicitada por el Estado para que se repongan en sus funciones a los tres directores titulares. Y deja planteado el más que probable escenario futuro: “Formulo expresa reserva de plantear la cuestión federal ante la Corte Suprema de la Nación si se dicta una decisión contraria a las leyes federales invocadas y a las garantías de derechos involucrados.”
En el gobierno descuentan que este asunto terminará en la Corte. Los magistrados de la Sala C, Juan Garibotto, José Monti y Alfredo Kolliker Freís ya han dado muestras, en resoluciones anteriores, de cómo observan el problema.
Gils Carbó, además, les dedicó a esos magistrados una queja directa en las primeras líneas de su dictamen. Los acusó de no haberle dado intervención en los expedientes vinculados al conflicto entre los socios privados de Papel Prensa y el Estado Nacional. Y de haberle querido imponer un plazo –ilegal– de diez días para dictaminar.
La fiscal también analizó buena parte de la historia del conflicto. Y concluye que la causa-fin de la sociedad se desnaturalizó a fines de 1976, cuando Clarín y La Nación pasaron a desarrollar una actividad ilícita dirigida a concentrar el insumo básico de la prensa escrita. En suma, que esos grupos privados, no podían tener más del 10% de la empresa, según el Estatuto.

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