Tiempo Argentino
24 de mayo de 2011
Por N. O. E.
El fiscal les imputó incumplimiento de los deberes y abandono de persona. Entre ellos está el ex superintendente metropolitano.
La jueza de instrucción Wilma López inició hoy la cuenta regresiva sobre la situación procesal de siete policías federales acusados de haber “liberado la zona” en la que fue asesinado el militante del PO Mariano Ferreyra, el 20 de octubre del año pasado. El plazo indicativo de diez días hábiles después de las indagatorias se cumple hoy, pero fuentes judiciales no descartaron que la magistrada disponga de un tiempo adicional. Sobre todo, porque el fiscal Fernando Fiszer presentó el viernes al mediodía un escrito de 90 páginas en el que pidió que los siete uniformados, entre ellos dos comisarios, sean procesados por cargos que van desde incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta abandono de persona. El escrito explica que los policías Hugo Lompizano, ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal; su segundo, Luis Alberto Echevarria; los comisarios Jorge Raúl Ferreyra y Luis Mansilla, quienes estuvieron a cargo del operativo; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la Comisaría 30; y David Villalba, agente de la División Exteriores de Video, dejaron a los militantes del PO y a los tercerizados del Roca en un virtual estado de indefensión y librados a su suerte. Y que Ferreyra y los otros dos heridos recibieron impactos de bala porque se pusieron como “escudos humanos” para proteger a sus compañeros, ya que quienes debían hacerlo los habían abandonado. En los últimos días, un testigo de identidad reservada se presentó ante el fiscal y agregó una prueba nueva que parece confirmar no sólo la hipótesis de la zona liberada sino también, y fundamentalmente, la mecánica de la agresión.
En ese contexto, el abogado Oscar Igounet, defensor de Guillermo Uño, uno de los ferroviarios detenidos por el crimen de Ferreyra se opuso a la elevación de la causa a juicio oral y, amparándose en el resultado de una pericia balística que indica que el proyectil rebotó contra el piso, reclamó el sobreseimiento de su cliente. Igounet hizo algo más: acusó a la jueza de omitir una línea de investigación según la cual la herida mortal a Ferreyra pudo haber sido causada por un arma, tal vez una “tumbera”, de sus propios compañeros. Y embistió contra Nilda Garré –quien para el momento de los hechos aún no estaba a cargo de la Federal– por la inacción policial. Los planteos cuentan con pocas posibilidades de éxito, y la causa en las próximas semanas sería enviada a juicio oral.
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