Denuncian penalmente a Siderar por perjuicio económico contra la ANSES

Tiempo Argentino
28 de mayo de 2011

Por Leandro Renou

El fiscal Guillermo Marijuan, titular de la unidad fiscal que investiga delitos vinculados con la seguridad social, pidió que la justicia indague la razón por la que la siderúrgica del Grupo Techint no distribuyó todos los dividendos acumulados.


En el marco de la disputa planteada por Techint contra el ingreso de representantes del Estado en el directorio de la siderúrgica Siderar, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó ayer una denuncia penal solicitando que se investigue si el directorio de la empresa tomó decisiones que causaron un perjuicio económico a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La denuncia, radicada ante el juez federal Ariel Lijo, sostuvo que en la asamblea del 15 de abril, con voto en contra del representante de la ANSES, se aprobó la distribución de dividendos por $ 1.511.489.154, correspondientes al año 2010, pero no se informó sobre el destino de una suma mucho mayor, acumulada en períodos anteriores.
Como medida de prueba, Marijuan solicitó a Lijo que “disponga el allanamiento de la firma SIDERAR SAIC, a efectos de proceder al secuestro de la totalidad de los libros contables que guarden relación con los períodos cuestionados en la presente denuncia” y “toda aquella documentación” útil para la pesquisa.
En el escueto detalle de la presentación, el fiscal expuso que en esa asamblea, la mayoría optó por desconocer el Decreto de Necesidad y Urgencia 441, que establece que la presencia participativa de cada uno de los accionistas en el directorio es equivalente al porcentaje accionario, y mantuvo el “techo” del 5% para la ANSES que detentaba de antes.
Marijuan, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), recalcó que, de acuerdo al decreto, el organismo estatal hubiera podido designar a tres directores en Siderar y “ejercer un mayor y mejor control sobre las decisiones a adoptarse y que puedan vulnerar futuros beneficios económicos”.
El fiscal recordó que en esa asamblea, el asesor jurídico de la ANSES, Ricardo Nissen, pidió que “se aclare cuál es el destino de
$ 6.455.418.354”, que se encuentran asignados a la cuenta “Reservas de futuros dividendos”; $ 43.947.494 a “Reserva facultativa”; y $ 691.186.690 a “Resultados diferidos”.
Ayer, en declaraciones radiales, Marijuan explicó las razones por las cuales pidió la investigación. “Yo tengo a mi cargo una Unidad de Investigaciones Especiales que funciona dentro de la ANSES. En este marco iniciamos de oficio, una investigación sobre $ 6500 millones que se encuentra en una cuenta de resultados que no van a ser distribuidos. ANSES –que participa en un 25% como accionista de la compañía– tiene el derecho a saber dónde está ese dinero, para qué se va a usar y demás circunstancias”, aseguró el fiscal. Asimismo, recalcó que “el Estado tiene derecho a participar en las decisiones políticas, así como que si se decide en la reunión de directores el uso de ese dinero, el accionista minoritario también tiene derecho de saber cómo está constituido ese saldo acreedor. Yo no estoy reclamando el dinero para el Estado argentino, es simplemente para saber su destino.”
En el escrito presentado ante el juez Lijo, el fiscal indicó que, bajo el fundamento de que la cuestión del reparto de activos no estaba incluida en el orden del día, “la asamblea no permitió que se brinden las explicaciones sobre el efectivo destino de los dividendos generados en períodos anteriores”.
Marijuan afirmó que “lo actuado por la parte mayoritaria” en aquella asamblea “constituye un claro abuso del derecho por no consultar con criterios de razonabilidad y buena administración, sino esconder una maniobra destinada a oprimir a las minorías.”
El fiscal destacó en la denuncia que “Siderar resolvió distribuir apenas un 18% de sus resultados acumulados y lo hizo negando la posibilidad de cualquier explicación sobre la posible distribución de un monto mayor” lo que, según jurisprudencia que citó, “constituye una expropiación virtual y sin indemnización”.
Asimismo, consideró que los integrantes del directorio de Siderar que aprobaron lo actuado en esa asamblea podrían haber incurrido en el ilícito previsto en el artículo 300 del Código Penal, que prevé hasta dos años de prisión para los directores que, en asambleas de socios, informan con falsedad o reticencia.
Si bien no fueron aún notificados, desde la ANSES consideraron que hubo un perjuicio económico por la falta de distribución de dividendos. En diálogo con Tiempo Argentino, Diego Bossio, titular de la ANSES, señaló que “es un hecho positivo que la justicia investigue lo que considera que no está claro, pero ahora habrá que esperar qué contesta el juez al pedido del fiscal”. Bossio agregó que “más allá de cualquier especulación, lo que nos deja tranquilos es que la línea de la denuncia del fiscal pide saber dónde están los fondos acumulados que Siderar se negó a distribuir”.
Es que ayer algunos medios apuntaron a una “persecución judicial” a Siderar, sin dar cuenta que Marijuan no es lo que se dice un fiscal alineado con el kirchnerismo. En 2007, fue quien ordenó allanar el despacho de la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, por el caso de la bolsa de dinero hallada en un baño de su despacho. Y el año pasado imputó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por coacción a accionistas en una asamblea de Papel Prensa.
En algunos sectores llamó la atención que se recurriera de forma tan categórica a una acción penal, cuando se estilan pasos intermedios para resolver estas cuestiones, como las acciones comerciales. “El fiscal tendrá algún indicio clave de que podría haber delito”, especuló ante este diario una fuente especializada en cuestiones comerciales. En este sentido, Marijuan deslizó ayer que algo de certeza hay en esta versión, al señalar que “creo que pueden haber violación a los artículos 300 y 301 del Código Penal, que marcan penas de hasta tres años”.
La sorpresa también tuvo que ver con que el conflicto entre el Estado y Techint está ahora definiéndose en el ámbito asambleario: la Comisión Nacional de Valores (CNV) pidió a Siderar que convoque una nueva asamblea, sin fecha aún, porque la original y su continuación estaban impugnadas. De hecho, la justicia le dio la razón a la ANSES la semana pasada, cuando aclaró que la compañía no podía continuar la asamblea que había quedado trunca el 15 de abril.