Impugnarán la candidatura de Macri

Tiempo Argentino
18 de mayo de 2011

Por Nicolás Eisler

El constitucionalista Eduardo Barcesat se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia. El PRO rechaza los argumentos.


Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública.” El artículo 57 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires podría complicar las aspiraciones reeleccionistas de Mauricio Macri, ya que el jefe de gobierno porteño se encuentra procesado por la causa de las escuchas ilegales que investiga el juez Norberto Oyarbide. “Vamos a impugnar la candidatura ante el Superior Tribunal de Justicia”, adelantó el constitucionalista Eduardo Barcesat y provocó la reacción inmediata del macrismo. “La operación política del kirchnerismo para intentar proscribir a Mauricio Macri no tiene ningún fundamento jurídico”, aseguró Marcos Peña, secretario general del gobierno de la Ciudad.
A menos de dos meses de las elecciones a jefe de gobierno surgieron cuestionamientos a la candidatura del empresario.
“Tal y como taxativamente establece el primer párrafo del artículo 57 de la Constitucaión de la Ciudad, Macri se halla en situación de inhabilidad para ser designado, tras la compulsa electoral, como jefe de gobierno de esta ciudad”, afirmaron en un comunicado el director del Laboratorio de Políticas Institucionales de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat y el consejero Roberto Boico.
Desde el macrismo, Marcos Peña consideró los dichos de los abogados como “un disparate” y aseguró que se trata de “una operación política del kirchnerismo que carece de fundamento jurídico”. Además, el funcionario interpretó que el artículo citado se refiere solamente al artículo 57. “Si no fuera así sería muy fácil proscribir con un juez amigo, de los que abundan a veces, a cualquier persona que se postula a un cargo electivo y ese no es el espíritu de la democracia ni de la Constitución de la Ciudad”, explicó.
Según parece, el meollo de la cuestión pasará por la interpretación que se le dé al inciso 2 del artículo 72 de la Constitución porteña, en el cual se detallan los requisitos para ser legislador, similares a los necesarios para convertirse en jefe de gobierno. Allí se establece que “no pueden ser elegidos diputados (…) Las personas que están inhabilitadas para ocupar cargos públicos mientras dure la inhabilitación.” Esa “inhabilitación” podría estar relacionada con el artículo 57, entonces si se considera que el procesamiento del jefe de gobierno lo inhabilita para ser designado, tampoco podrá ser elegido.
Si en cambio se tomara en cuenta que el inciso 3 del mismo artículo, el resultado sería otro, ya que se habla específicamente de “condena”. “No pueden ser elegidos diputados (…) los condenados por delitos mientras no hayan cumplido todas sus penas”, se dispuso en 1994.
La legisladora porteña Gabriela Cerruti planteó otra posición. “No hay nada que lo inhabilite en la Constitución para presentarse, pero establece que nadie puede ser designado funcionario. Es un caso claro de desigualdad ante la ley si el principal funcionario de la Ciudad puede ser electo estando procesado. De todas formas, me parece que como va a ganar el Frente para la Victoria va ser una situación que no se va a dar”, vaticinó la diputada porteña y aclaró: “No voy a hacer ninguna presentación judicial. Hay que ganarle votando.”
El constitucionalista Barcesat se paró en la vereda contraria y ya adelantó que acudirá a la justicia. “Vamos a impugnar la candidatura ante el Superior Tribunal de Justicia”, aseguró el letrado.
Por su parte, el legislador de Diálogo por Buenos Aires Eduardo Epszteyn dejó asentada su posición. “Tendrán que ser los jueces quienes decidan la interpretación. Son los jueces los que tienen que decidir. Lo que sí no hay que permitir que Macri se victimice ante la sociedad”, dijo el diputado porteño.