“Se pudo probar que fue un fusilamiento”

Página 12
16 de mayo de 2011

En el proceso que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal del Chaco hay nueve represores acusados por delitos de lesa humanidad. Las querellas pidieron prisión perpetua, salvo en un caso.

Por Alejandra Dandan

Concluye en Chaco el juicio oral por la masacre de Margarita Belén, un juicio histórico y un proceso durante el cual los familiares de las víctimas atravesaron una doble sensación. “Teníamos conciencia del pacto del silencio de los represores, pero al mismo tiempo estaba la esperanza de que en algún momento, en medio de la sala, y de forma repentina, pudieran decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos”, dice Dafne Zamudio, hija de Carlos Zamudio, uno de los militantes asesinados que ahora sabe que el pacto no se rompió. “Los responsables no dijeron nada, y no van a decir nada, entonces es otra vez retomar ese camino de búsqueda, que en realidad nunca abandonamos, pero es otra vez volver a los papeles, a las excavaciones, a los pequeños datos para ir adelante.” Hoy, el Tribunal Oral Federal chaqueño pronunciará la sentencia. Deberá decidir si condena o no a los nueve represores acusados, para quienes las querellas pidieron condena a prisión perpetua (excepto un caso).

El juicio empezó el 3 junio de 2010 y pasaron más de 120 testigos. Es la primera etapa de una causa más amplia en la que se juzgaron a los represores por 15 víctimas, 4 de las cuales permanecen desaparecidas. Durante las audiencias, el correr de los testimonios aportó datos, pero dejó preguntas abiertas, no sólo sobre la existencia de otras víctimas sino sobre nuevos y más responsables. “El juicio confirmó todas las hipótesis que traíamos con relación a las víctimas, y fueron apareciendo elementos para confirmar sospechas de otras”, dice a Página/12 Mario Bosch, querellante por Familiares, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el CELS. “Surgieron además muchas evidencias sobre el rol de la Justicia federal, el médico de policía y el área de Inteligencia como para continuar con la investigación.”

El rol del Poder Judicial fue uno de los ejes del proceso y de aquí en más será uno de los nudos a trabajar en “la causa residual”. En esa línea, la querella elevó un listado con nombres de quienes deberían ser los próximos imputados. Un caso paradigmático es el del ex juez federal Angel Córdoba, retirado luego de la dictadura y quien “no investigó nada”, dice Bosch en relación con la identidad de los NN. El abogado marcó que, aun considerando que no lo haya hecho porque creía que los militantes eran “atacantes”, debía haberlos identificado: en cualquier investigación un juez investiga al muerto de una banda porque puede conducirlo a los prófugos. Córdoba no lo hizo porque –dice Bosch– “su objetivo era no investigar: eso lo hacía funcional a la impunidad del crimen”.

Uno de los momentos más importantes del juicio, dice Dafne, fueron los alegatos: “Conocimos el hecho total para saber lo que pasó realmente y la reconstrucción resultó muy demostrativa: para nosotros en ese momento ya no había hipótesis, eran hechos con pruebas”.

Los imputados que hoy escucharán la sentencia son Horacio Losito, Luis Alberto Patetta, Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Athos Rennes, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni, para quienes todas las querellas pidieron prisión perpetua. También está acusado el policía Alfredo Chas para quien pidieron entre 20 y 25 años de prisión como partícipe secundario.

El juicio permitió poner en discusión nuevamente en la provincia la masacre ocurrida el 13 de diciembre de 1976. “Nos sirvió para instalar la verdad –dice Dafne– porque, más allá de que se sabía de la masacre, ciertos sectores es como que creían en el enfrentamiento y justificaban el accionar o la muerte. Con este juicio se pudo probar que realmente lo que pasó fue un fusilamiento.”

Durante el día de hoy termina el debate pero, como dice Bosch, “continúa investigándose la masacre de Margarita Belén: socialmente no podemos cerrar esto porque estamos condenando a ejecutores, pero ni son todos, ni son los únicos responsables: hay que pensar por ejemplo que no está siendo juzgado ni siquiera el propio Cristino Nicolaides, que era jefe de área; ahora está muerto, pero cuando empezó el juicio no, y no pudimos avanzar porque estaba beneficiado por el indulto”.