Analizan intervenir la obra social de la Federal por casos de corrupción

Tiempo Argentino
27 de febrero de 2011

Por Franco Mizrahi

El Ministerio de Seguridad estudia el expediente por el que el juez Federal Sergio Torres elevó a juicio oral a un ex jefe de la Fuerza y a otras nueve personas. La medida forma parte del proceso de normalización iniciado por Garré.


En un nuevo paso para erradicar todo vestigio de corrupción dentro de la Policía Federal Argentina (PFA), desde el Ministerio de Seguridad están analizando intervenir la obra social de la Fuerza en los próximos días. La decisión se está barajando desde que el 15 de febrero pasado, el juez Federal Sergio Torres elevará a juicio oral a Roberto Giacomino, ex jefe de la Fuerza, por irregularidades en la contratación de empresas para la provisión de servicios de salud.
Al solicitar la elevación a juicio, la fiscalía sostuvo que el imputado realizó “diversas maniobras dirigidas a obtener un beneficio indebido de la administración pública (en el caso de la Obra Social y la Superintendencia de Bienestar), mediante múltiples conductas engañosas y fraudulentas”.
Circunstancia que Torres corroboró durante su investigación, por lo que decidió remitir el expediente a un Tribunal Oral: “Está suficientemente acreditado que por lo menos durante el período comprendido entre junio de 2002 hasta octubre de 2003, existió un acuerdo de voluntades entre entonces funcionarios públicos, que desempeñaban distintas funciones en la Policía Federal Argentina y un grupo de personas que, a través de sociedades y empresas, eran contratadas en forma ilegal para la realización de obras, prestación de distintos servicios y compra de bienes.” Estas ilegalidades estaban vinculadas a la provisión de servicios en el Hospital Churruca y la obra social de la PFA.
Los hechos que se le imputan al ex jefe de la PFA sucedieron durante el gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde. Giacomino había arribado a la cúspide de la Fuerza tras los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 que derivaron en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Fue recomendado para el cargo por el entonces gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, quien lo conocía desde su paso por la vicepresidencia de la Nación, cuando el agente se desempeñó como su custodio.
El magistrado también elevó a juicio a otros nueve acusados a quienes atribuye la misma imputación que al ex jefe de la PFA.
Este hecho se suma a la serie de delitos que se le adjudican a la Federal para hacer “caja”. Sin embargo, desde que Nilda Garré como ministra de Seguridad, se propuso terminar con los desmanejos que caracterizaron a la policía en las últimas décadas.
Por estos motivos, la Federal no goza de la confianza de Garré. Un ejemplo de esto es que la custodia del edificio gubernamental en el que la ministra desempeña diariamente sus tareas está a cargo de la Gendarmería y no de la PFA como el resto de las reparticiones del gobierno nacional. A esto se suma la reciente disposición del Ejecutivo de quitarle la potestad de realizar las cédulas y los pasaportes.
La decisión de actuar sobre el funcionamiento de la Federal comenzó a tomar fuerza durante la investigación del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre del 2010. La fiscal del caso era entonces Cristina Caamaño, quien apartó de la pesquisa a la policía porque desconfió de su accionar durante el homicidio. Hoy Caamaño se desempeña como secretaria del ministerio.
Otro hecho que puso la mira sobre la Federal fue su rol durante la toma del Parque Indoamericano. Justamente, la creación del ministerio coincidió con el momento más álgido de este conflicto social, a comienzos de diciembre pasado. Entonces, la conducción de la Fuerza pasó a manos de Garré, quien relevó a toda la cúpula policial.
La próxima intervención de la obra social de la Fuerza se enmarca en esta secuencia.