Pedraza seguirá preso para evitar que obstaculice la investigación

Tiempo Argentino
25 de febrero de 2011

Por Néstor Espósito

La jueza López rechazó el pedido de excarcelación del titular de la Unión Ferroviaria. Por la gravedad del delito que se le imputa, cree que podría entorpecer el esclarecimiento del crimen del militante del PO.


El respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias, no sólo para asegurar el éxito de la investigación, sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparencia del reo. Se trata, en definitiva, de conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general, de no facilitar la impunidad del delincuente.” El argumento, demoledor desde la lógica del sentido común, fue escrito en las dos últimas páginas de las once en las que el fiscal de Instrucción Fernando Fiszer le ofreció a la jueza Wilma López la fundamentación para resolver que José Pedraza, el histórico y devaluado líder de la Unión Ferroviaria, siga en prisión. Y con él, su ex número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández y el delegado Claudio Gustavo Alcorcel, detenidos todos el martes último.
La jueza concretó al atardecer lo que Tiempo Argentino había anticipado en su edición de ayer: el rechazo al pedido de excarcelación que el abogado Carlos Froment, defensor de Pedraza, había presentado horas después de las maratónicas indagatorias. El penalista –que permaneció durante varias horas en una confitería frente a Tribunales esperando que el juzgado le notificara su resolución– adelantó que probablemente hoy mismo presentará la apelación contra la decisión de mantener preso a Pedraza.
El eje principal de la denegatoria es la posibilidad, que tanto la jueza cuanto el fiscal consideran cierta, posible y probable, de que Pedraza y sus consortes de causa obstaculicen la investigación.
Todos están acusados por “haber tenido intervención penalmente relevante en la provocación de la muerte de Mariano Ferreyra y el intento de matar a Magalí ElsaRodríguez Sosa, Nelson Aguirre y a Ariel Benjamín Pintos, mediante disparos de arma de fuego por el concurso premeditado de dos o más personas y por promesa remuneratoria”. Esa descripción encuadra en el delito de “homicidio agravado”, por el que ya están procesados otros seis ferroviarios y un barrabrava de Defensa y Justicia que aspiraba a serlo. Según el Código Penal, ese delito se castiga con pena prisión o reclusión perpetua. El fiscal entendió, y la jueza compartió, que existe “riesgo de que, quien ve que pesa sobre sí la probable sanción tan gravosa, considere seriamente entorpecer el trámite al que se encuentra afectado”.
Aunque tramita en otro expediente, ante otro juzgado y otro fiscal, el dictamen de Fiszer aludió como motivo para rechazar la excarcelación, a un expediente en el que se investiga un supuesto intento de soborno de un ex juez federal a un actual camarista de Casación. “Desde la Unión Ferroviaria tienen especial interés en entorpecer el curso de esta investigación”, se enunció en el documento, y agrega: “Existen probanzas suficientes como para sospechar que el entorno del aquí imputado –o incluso él mismo– ha estado en tratativas para ofrecer y entregar dinero a magistrados que deben tomar decisiones vinculadas con el proceso, para que fallen contrariamente a lo que por derecho corresponde. En particular, para que revoquen excarcelaciones legalmente denegadas.”
Tiempo informó oportunamente sobre esa investigación, que está bajo secreto de sumario y en manos del juez Luis Rodríguez y del fiscal Mariano Solessio. “Más allá de que en esa otra causa se determine si sólo hubo un intento de hacer valer indebidamente una influencia, o si efectivamente algún magistrado estaba dispuesto a recibir la dádiva, lo cierto es que desde la perspectiva de la Unión Ferroviaria, el accionar era suficientemente idóneo para conseguir torcer táamites judiciales vinculados con esta causa”, reflexionó Fiszer y adhirió la jueza López.
Además, la denegatoria permitió conocer un dato hasta ahora oculto de la investigación, “el intento de un perito de una de las defensas de inutilizar un proyectil que estaba siendo objeto de estudios balísticos.”
La argumentación judicial que mantiene preso a Pedraza tiene una indisimulada raíz social. “Si se concediera la libertad impetrada se produciría una inadecuada intelección de garantías constitucionales, como lo es la conjugación del derecho de la sociedad a defenderse contra el delito y el derecho del individuo, sometido a proceso, de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena.” Es que en 2009 Casación dictó el “Plenario Díaz Bessone” que establece que si no hay peligro de que el acusado se profugue, o de que entorpezca la investigación, no importa la gravedad del delito que se le impute, puede esperar el juicio en libertad.
Jueces y fiscales, con sus más y sus menos, se han rebelado contra ese criterio. “En casos como el que nos ocupa, la gravedad institucional está dada por todo aquello que perturbe el sentimiento de la seguridad de todos y pueda afectar las justas exigencias del bien común de una sociedad democrática.”