jueves, 24 de febrero de 2011

Para el fiscal, Pedraza armó un plan para defender un negocio

Tiempo Argentino
24 de febrero de 2011

Por Néstor Espósito

El abogado del titular de la Unión Ferroviaria pidió la excarcelación de su defendido y dijo que no hay peligro de que se fugue. La jueza Wilma López resolverá hoy mismo el planteo. Cobra fuerza la posible intervención del gremio.


La jueza Wilma López resolverá este mediodía un pedido de excarcelación que presentó el abogado Carlos Froment, defensor del sindicalista José Pedraza y de los otros dos detenidos el martes, Juan Carlos “Gallego” Fernández y Gustavo Alcorcel. Mientras tanto, en la periferia de la investigación comenzó a cobrar cuerpo una especulación: la propia justicia podría pedir la intervención de la Unión Ferroviaria (UF), tal como en algún momento lo hizo el juez federal Norberto Oyarbide cuando cayó preso el sindicalista bancario Juan José Zanola. El sindicato ferroviario está virtualmente acéfalo y ayer delegados de la Lista Violeta, opositora a la actual conducción del gremio, proclamaron mediante un comunicado que Pedraza y Fernández “deben quedar presos por los delitos que cometieron” y anunciaron: “Nosotros seguimos con más fuerza la pelea por democratizar la UF y echar a la patota.”
Si bien todo parece indicar que el planteo excarcelatorio contra el casi septuagenario cacique sindical será rechazado (el fiscal Fernando Fiszer trabajaba anoche en el dictamen que recomendará mantener en prisión a los tres), Froment tiene centrada su esperanza en un argumento que considera difícil de rebatir: Pedraza no puede fugarse. “¿Adónde va a ir? Lo conoce todo el mundo, está en el centro de la escena y además, es inocente. No hay ninguna razón para que se fugue”, alcanzó a decir a un secretario del juzgado cuando presentó el escrito. Pero además, en el pedido de libertad explicó que según doctrina de la Cámara de Casación, si no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, “la norma debe ser la libertad”. Los elementos de cargo que justificaron la detención de Pedraza se vienen acumulando desde el inicio de la investigación y se consolidaron con los allanamientos del 11 de febrero. Con las indagatorias pedidas de los cinco policías sospechados de complicidad con la patota de la Unión Ferroviaria, “el cuadro está completo”, reconocieron allegados a la investigación. Para el fiscal Fiszer, Pedraza, por su condición de líder del gremio, pudo tener el “dominio del hecho”. Eso quedó reflejado en la lectura de cargos, en la que el líder ferroviario fue imputado por “haber participado e integrado el emprendimiento criminal previamente acordado”.
La construcción de la expresión no pasó inadvertida para las defensas. Porque si bien parece orientarse hacia la figura de la “asociación ilícita”, la esquiva cuidadosamente. Parece una estrategia investigativa para evitar futuras nulidades. Sin embargo, en opinión del fiscal “todo delito de esta naturaleza conlleva la existencia de un plan” y ese plan necesita de la voluntad coincidente de varias personas. La diferencia es que en la “asociación ilícita” se trata de “delitos indeterminados”, y la patota ferroviaria tenía un objetivo muy claro, que fue definido en la acusación como “aleccionar” a los manifestantes tercerizados apoyados por militantes del PO. Menos sutil, el barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale, acusado de haberle disparado a Ferreyra, dijo en el escenario de los hechos –según el relato de testigos– que el objetivo era “correr a los zurdos”.
Pedraza negó todas las imputaciones. Recordó que el 20 de octubre, mientras mataban a Ferreyra, él participaba de un seminario de la revista Rieles. Reconoció que el “Gallego” Fernández le informó sobre los disturbios en Barracas y apeló a evasivas cuando el tema fue el presunto control que ejercía sobre las empresas tercerizadas que prestan servicios a las empresas de trenes. Para los investigadores, la defensa de ese negocio, en el que Pedraza tendría participación excluyente, fue el principal motivo de la “contramanifestación” contra los tercerizados. Para el fiscal, Pedraza, Fernández, Pablo Díaz y Alcorcel, “junto a otras personas instigaron y organizaron a los nombrados (agresores) a efectos de que lleven a cabo la conductas atribuidas a cada uno de ellos, prometiendo en cada caso un rédito económico”. En un párrafo anterior, incluso, la imputación es más dura: directamente los acusa de “haber dado muerte” a Mariano Ferreyra.

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