AMIA: envían a juicio a los acusados de pagarle 400 mil dólares a Telleldín

Tiempo Argentino
13 de mayo de 2011

Por Néstor Espósito

El juez Ariel Lijo imputó al grupo haber armado la supuesta “conexión local” del atentado a través del desarmador de autos, quien involucró a policías bonaerenses en la operación. El eje está en el magistrado instructor y la SIDE.


El juez federal Ariel Lijo envió ayer a juicio oral a un grupo de acusados de haber “armado” una supuesta “conexión local” que participó en el atentado contra la AMIA en 1994, que causó 85 muertos y unos 200 heridos. Así, empezó a despejar la compleja madeja político-judicial que desembocó en que aún hoy, casi 17 años después del ataque, la causa siga impune.
La parte de la investigación que Lijo mandó a juicio es la que está vinculada con el pago de 400 mil dólares al desarmador y “doblador” de autos Carlos Telleldín para que dijera que había entregado la camioneta Traffic utilizada como coche bomba a un grupo de policías bonaerenses, a los que conocía de larga data porque debía abonarles periódicamente sobornos –en dinero o en vehículos– para que le permitieran seguir con su actividad ilegal. En esa maniobra, según el auto de elevación a juicio, un documento de 197 páginas, habrían participado el ex juez Juan José Galeano; los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia; el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy; su ex colaborador Patricio Finnen; el propio Telleldín; su esposa, Ana María Boragni; el abogado de ambos, Víctor Stinfale, y el ex presidente de la DAIA, Rubén Ezra Beraja.
La imputación se focaliza en Galeano, quien como juez tuvo a su cargo la mayor parte de la investigación que derivó en un juicio oral que, tras tres años de audiencias, estableció que ese pago de 400 mil dólares había sido ilegal y, como consecuencia de lo que en derecho penal se conoce como “fruto del árbol envenenado”, invalidó todo lo que ocurrió con posterioridad, absolvió a los policías bonaerenses y pulverizó esa hipótesis de la “conexión local”.
Galeano prestó “una colaboración indispensable para lograr la disposición de la suma de 400 mil dólares correspondientes a fondos reservados del Estado –cuya administración le fuera confiada al entonces titular de la SIDE Hugo Anzorreguy–, al encabezar las tratativas con este último y aquellas que derivaron en el acuerdo celebrado con Telleldín”, dice la resolución. ¿Cuál era el objetivo del pago? Que Telleldín, “a cambio de recibir ese dinero por interpósita persona, brindará una mentirosa versión que involucraba a Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro como parte de los responsables del atentado contra la sede de la AMIA”. Por esa declaración amañada de Telleldín, los policías pasaron más de siete años en prisión.
La maniobra empezó a elaborarse en enero de 1995, cuando agentes de la SIDE comenzaron a entrevistarse privadamente con el detenido Telleldín, supuestamente explorando la hipótesis de la Policía Bonaerense. De la resolución se desprende que esa teoría perdía fuerza frente a la que apuntaba al iraní Mosshen Rabbani –quien en un reportaje radial que le realizó recientemente el piquetero Luis D’Elía rechazó las acusaciones en su contra– y la que conducía a la “pista siria”, con Alberto Kanoore Edul en el punto de mira.
No obstante, quien más se aproximó al relato de Telleldín involucrando a los policías fue la fallecida camarista federal Luisa Riva Aramayo, quien pese a ser superior jerárquica del juez Galeano en “al menos tres oportunidades” se reunió con Telleldín en prisión. Sin embargo, y pese a considerar que esas reuniones entre una jueza y un preso “son un elemento más de la puesta en marcha de un plan dirigido a conseguir una declaración previamente consensuada a cambio de una suma de dinero”, Lijo dejó a salvo a Riva Aramayo de cualquier negociación espuria: “su actividad consistió solamente en aportar una posible hipótesis y no habría tenido participación en el armado posterior”. Como contrapartida, descargó toda la responsabilidad en Galeano: “inició una maniobra que consistió en que sobre la base de esa posible hipótesis –conocidamente falsa– construyó un plan dirigido a incriminar a los policías, el que se materializó al momento de la declaración indagatoria de Telleldín en paralelo con el pago de los 400 mil dólares.”