La SIP cree que el caso de los Noble Herrera es un asunto “de familia”

Tiempo Argentino
6 de mayo de 2011

Por Catriel Etcheverri

Gonzalo Marroquín admitió que su objetivo es monitorear lo que hace el Estado, y no las empresas, contra la libertad de expresión.


El debate que se originó en los últimos días en torno a la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) radica en un punto central que quedó en evidencia ayer en la conferencia de prensa que los representantes de esa entidad brindaron en la sede de la Asociación De Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA). La SIP confunde el concepto de “libertad de prensa” con el de “libertad de empresa”, y en su discurso utiliza la palabra “independiente” cuando en realidad se refiere a “privado”.
Ayer, esa confusión rozó la complicidad cuando los periodistas le preguntaron al presidente de la SIP Gonzalo Marroquín sobre el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, los herederos del Grupo Clarín: “Hay cosas en las que no se puede opinar, que son cosas de familia”, respondió.
“Nosotros a lo que solemos estar vigilantes es a lo que el Estado está haciendo en contra de la libertad de expresión”, aclaró, y eludió referirse a las amenazas a la libertad de expresión que –según consta en el informe que el gobierno le entregó el miércoles– viene cometiendo el monopolio. La SIP es precisamente eso, una cámara empresaria que reúne a algunos de los principales multimedios del continente para defender sus propios intereses.
“La acción de un gobierno represivo tiene que ser profundamente criticada cuando está en contra de la libertad de expresión y de prensa, el daño que un Estado puede hacer no es comparable con el daño que puede hacer un medio de comunicación”, dijo Marroquín desconociendo que en América Latina la connivencia entre grandes conglomerados comunicacionales, sectores reaccionarios y agencias de inteligencia extranjeras abonaron el terreno para el derrocamiento de gobiernos democráticos.
Esa misma falta de respeto por el funcionamiento democrático, apenas este atenta contra los negocios de los grandes medios, quedó en evidencia cuando el presidente de la SIP aseguró que la sanción de una ley no debería alcanzar para obligar a un cableoperador, con una posición monopólica en numerosas ciudades del país, a garantizar la multiplicidad de voces adecuando su grilla de canales de modo de combatir el discurso único. Marroquín incluso calificó de “nefasta” la Ley de Medios de la democracia y, aunque se encuentra en plena vigencia –con excepción del artículo que versa sobre la desinversión–, se mostró esperanzado en que la justicia pueda desandar el camino emprendido hace más de un año tras su sanción.
Desplegó por supuesto una florida prédica sobre la libertad de prensa y de expresión, plagada de generalidades, pero a la hora de analizar casos concretos, como el que sufrió el periodista misionero Marcelo Almada, censurado por Cablevisión, los integrantes de la SIP que vinieron a hacer un diagnóstico sobre la situación en la Argentina confesaron desconocer el caso. Despotricaron contra los monopolios y oligopolios, pero dijeron desconocer cuántos medios posee el Grupo Clarín. Eludieron una y otra vez pronunciarse sobre la censura a CN23, Pakapaka, Telesur e IncaaTV en Cablevisión.
A pesar de todo eso, en su informe preliminar, la SIP no dudó en responsabilizar al Estado por un supuesto “proceso de deterioro en la Argentina” de la libertad de prensa que se habría iniciado en 2005.