Tiempo Argentino
2 de mayo de 2011
Dirigentes y funcionarios de Derechos Humanos celebraron la calificación de “crimen de lesa humanidad” a la transferencia de acciones de Papel Prensa durante la dictadura realizada el viernes por la Unidad Fiscal de La Plata. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, dijo que “con el dictamen se corrobora que Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos se asociaron con la Junta Militar presidida por Jorge Rafael Videla, y sus funcionarios José Alfredo Martínez de Hoz y Raimundo Podestá, para de-sapoderar ilegítimamente al Grupo Graiver de su empresa, usando amenazas extorsivas, secuestros, torturas que en un caso produjeron la muerte de una de las víctimas.”
A su vez, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alem, expresó que “ahora está claro, con lo dicho por los fiscales, que lo denunciado no era un ataque a la libertad de prensa, como dijeron Clarín y La Nación, sino que el Estado cumplió con su deber de buscar justicia para los crímenes de la dictadura y sus socios.”
“Quienes atentaron contra el derecho a la información fueron los querellados, que a partir de la apropiación ilegal de Papel Prensa construyeron un monopolio en la fabricación de papel para periódicos que sometió a sus designios a los restantes medios de la prensa gráfica”, concluyó Alem.
El viernes, el abogado Eduardo Barcesat había advertido que, en caso de haber condena firme, las acciones podrían volver a la familia Gravier. “La calificación de la Unidad Fiscal platense sigue la misma doctrina de la Corte Suprema, que considera la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, no sólo para la acción penal sino también para la acción civil.”
“Esto significa –dijo– que si hay condena firme, vuelve la situación al momento previo a la producción del acto criminal, con la devolución de acciones a los herederos de David Graiver”, principal accionista de Papel Prensa fallecido en agosto de 1976, poco antes de la transferencia de la empresa durante la dictadura militar.
Por su parte, el abogado Alberto González Arzac, uno de los autores del informe oficial Papel Prensa – La verdad, elogió el dictamen de la fiscalía platense al considerar que se trata de “un indudable avance en línea con las principales conclusiones de nuestro informe, en el que se volcaron probanzas de que se trató de una transferencia forzada en el marco del terrorismo de Estado.”
El informe, usado como base de la denuncia realizada ante la justicia federal, fue presentado en agosto de 2010 en un acto realizado en la Casa de Gobierno, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández.
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